Actualización
de los casos 2005
Nuestras Hijas de Regreso a Casa, A.C.
Caso de María Elena Chávez Caldera, hija de Julia Caldera
Julia, con apoyo de Nuestras Hijas de Regreso a Casa y los abogados de
la ANAD, interpuso una denuncia de hechos ante el Departamento de
Averiguaciones Previas en contra de ex fiscales y ex titulares de la
Procuraduría General de Justicia estatal, por el ocultamiento de los
dictámenes de identificación del cuerpo de su hija María Elena Chávez
Caldera, quien desapareció el 20 de junio del 2000, y que octubre del
mismo año se encontró su cadáver, pero la entrega del cuerpo se hizo
hasta 2004, cuando NHDRC presionó ante la fiscalía local aún a cargo
de Ángela Talavera.
Esta queja es contra los siguientes ex funcionarios y otros en activo
de la dependencia estatal policiaca: Suly Ponce Prieto, José Luis
Armendáriz Fuentes, Mayté Espinoza Martínez, Julio César Yáñez
Camacho, Arturo González Rascón, Ángela Talavera Lozoya, Elizabeth
Hernández, Manuel Esparza Navarrete, Zulema Bolívar García, Ricardo
Vázquez Santiesteban, Luis Antonio Morales González y Felipe Alejandro
Astudillo Sánchez.
Asimismo, Julia aún tiene dudas en relación a la identidad del cuerpo
de su hija, por lo que solicitó al equipo de antropólogas forenses se
haga un nuevo estudio de AND a fin de asegurarse si el cuerpo que le
fue entregado pertenece o no a María Elena, los resultados se
entregarán en noviembre próximo.
Este hecho, de manifestar dudas y solicitar el nuevo estudio de
identificación, le trajo como consecuencia que no se le entregara
“auxilio” económico otorgado por el Estado mexicano a través de la PGR
autorizado para las familias de víctimas, y se le advirtió que de
resultar negativo el ADN, no tendrá posibilidad de obtener este
“beneficio”.
Caso de Erika Pérez Escobedo, hija de Elia Escobedo
Erika Pérez es asesinada el 23 de septiembre de 2002, cuando acuden a
Ciudad Juárez autoridades e instituciones de nivel nacional para
reunirse con juarenses interesados en establecer la Mesa
Interinstitucional promovida por el Instituto Nacional de las Mujeres.
Su cuerpo fue encontrado en un lote entre matorrales, con la blusa
arriba y el pantalón debajo de las rodillas, ella fue violada y
estrangulada con el cordón de su propio bolso. Sin embargo, en pocas
horas, tras la presión de los visitantes y el escándalo periodístico
que representaba el hallazgo, las autoridades apresuraron una
respuesta, cuando todavía no se conocía ni su nombre: Erika había
muerto por sobredosis, y se dedicaba a la prostitución; versión
elaborada por las autoridades como una justificación para justificar
su muerte, y desconocer el asesinato y evitar la investigación.
Hasta ahora, a pesar de muchos intentos de la familia y de Nuestras
Hijas de Regreso a Casa por rescatar el expediente de la víctima, nada
se ha logrado, pues a decir de las propias autoridades, quizá ni
expediente exista.
Al asumir el cargo la actual procuradora de Justicia del estado de
Chihuahua, Patricia González Rodríguez, se le exigió una nueva
investigación, se hizo entrega de un documento firmado por NHDRC
exponiendo el caso y haciéndole la petición de que se cambiara el
estatus del caso, es decir, que se reconociera que Erika fue asesinada
y no muerta por sobredosis. La respuesta: ninguna.
Lo anterior ha generado que todo apoyo por parte del Estado que ha
sido logrado tras la lucha por hacer responsables a las autoridades y
gobiernos de estos crímenes, le haya sido negado a los dos hijos de
Erika, quienes actualmente viven en medio de múltiples necesidades
dado que su abuela, Elia, a cargo de ellos, es una mujer sin estudios,
enferma y de edad avanzada que lucha por sostenerlos a base de
trabajos domésticos.
Caso Silvia Elena Rivera Morales, hijas de Ramona Morales
Silvia Elena Rivera Morales fue asesinada en 1995. El Ministerio
Público señaló como probable responsable del homicidio a Abdel Latiff
Sharif, y desde 1996, ha solicitado se gire orden de aprehensión en
contra de esta persona, misma que ha sido denegada por los tribunales
e impugnada por el propio ministerio público en reiteradas ocasiones.
La negativa de las autoridades jurisdiccionales de dictar orden de
aprehensión radica en la inexistencia de un nexo causal entre el
homicidio de Silvia Elena y Sharif.
Esto se ha sostenido durante los diez años, sin embargo, las pruebas
que ha valorado el Ministerio Público para considerar a Sharif como el
probable responsable, presentan contradicciones respecto de los datos
que tiene la familia. En este lapso la autoridad no ha recabado las
pruebas necesarias para sostener su imputación; lo que ha tenido como
consecuencia que se descuiden o no se inicien otras líneas de
investigación.
Al respecto, la familia ha realizado su propia indagación de la cual
se ha desprendido información que, a lo largo de estos diez años, le
proporcionaron al Ministerio Público. Sin embargo, esa información no
fue integrada en el expediente y mucho menos investigada.
Una petición hecha a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha
pasado la etapa de admisibilidad a la Corte, pero aún no se conoce en
qué pueda resultar esta denuncia.
A la familia se le ha dado el tan discutido “auxilio” por parte de la
PGR, pero la justicia ¿cuándo?
El caso de Lilia Alejandra García Andrade, hija de Norma Andrade
Asesinada en febrero de 2001, a la fecha el Ministerio Público no ha
determinado la probable responsabilidad penal de persona alguna, no ha
ejercido la acción penal y, por lo tanto, no ha consignado el caso
ante la autoridad judicial por el asesinato de Lilia Alejandra.
La madre de Alejandra ha solicitado la adopción de los dos hijos que
dejó su hija, y esto le ha sido negado por la autoridad hasta la
fecha.
Hasta hoy se desconoce quién o quiénes hayan asesinado a Alejandra, y
en este camino de lucha por la justicia, su padre falleció con la
impotencia de no ver resuelto el caso, mientras Norma, la madre, se
encuentra enferma y sin posibilidades de otorgar beneficios a sus
nietos como trabajadora al servicio del estado (es maestra), por la
negativa de la adopción.
El caso se encuentra actualmente en espera de que sea admitido por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Caso de Claudia Iveth González, hija de Josefina González
Su cuerpo fue encontrado en un campo algodonero al lado de otros siete
osamentas más. Tres días despúes se finca responsabilidad del
asesinato a Gustavo Meza y Víctor García Uribe, quienes fueron
detenidos por el Procurador Arturo González Rascón, quien los presenta
para su entrevista con los medios de comunicación visiblemente
torturados y sin representante legal alguno. El Perito Oscar Maynez
renunció a su cargo cuando la fiscalía le pidió que fabricara pruebas
para inculpar a los sospechosos. Aún con ello, se fabrican pruebas en
su contra.
Ocho meses después se analiza el ADN de las víctimas para corroborar
sus identidades. Los resultados de éstos análisis son: 1 positiva, 2
dudosas, 1 muestra insuficiente y 4 negativas.
Gustavo Meza murió sospechosamente desangrado en el penal después de
una cirugía practicada en el interior del mismo, en febrero del 2003.
Su abogado defensor había sido asesinado por policías judiciales del
estado en febrero del 2002, que por cierto dos de ellos fueron
ascendidos, uno de ellos como Director de Seguridad Pública Nacional.
Por su parte, Víctor García Uribe fue sentenciado a 50 años de
prisión, pese a que muchas voces, incluyendo a la Comisionada
Especial, Guadalupe Morfín, se pronunciaron por la liberación de
Víctor García por considerar que es inocente. Después que inicia el
actual mandato estatal en manos de José Reyes Baeza, se otorga la
libertad de Víctor por considerar que no existen elementos suficientes
para demostrar su responsabilidad ante los hechos.
El caso de Claudia, así como los otros siete quedan con esto sin datos
para fincar responsabilidad a persona alguna, pero esto a la autoridad
no le ha interesado y las investigaciones se encuentran detenidas.
Los otros casos, igual
De estos y otros casos no referidos en este documento, la mayoría
todavía se encuentran en etapa de averiguación previa; lo cual implica
que la única autoridad que ha conocido de las investigaciones es el
Ministerio Público. Éste tiene el monopolio para ejercer la acción
penal, según se desprende de la normatividad mexicana, lo que implica
que “el sistema jurídico mexicano obliga a todos los denunciantes u
ofendidos a recorrer tortuosos procedimientos ante el Ministerio
Público si quiere que el caso llegue al conocimiento del juez.” Lo
anterior se convierte en una imposibilidad jurídica de cuestionar las
resoluciones del Ministerio Público, que en la etapa de averiguación
previa actúa como autoridad, juez y parte.
Por lo anterior, las familias no ha tenido acceso a la justicia,
puesto que sus casos no han podido siquiera ser conocidos por un
tribunal judicial competente, imparcial, independiente y establecido
con anterioridad por la ley.
La respuesta institucional
El “auxilio” del Estado Mexicano a través de la PGR
La forma en que el Estado mexicano asume el problema, a través de sus
distintas etapas que van desde la negación de los hechos, el rechazo y
minimización del fenómeno hasta llegar a su casi aceptación, ha sido
el anuncio de un apoyo económico a ciertas familias de mujeres
asesinadas, implementando la entrega de este recurso a traves de la
PGR, rechazando que esto corresponda a la reparación del daño, porque
ello implicaría aceptar su responsabilidad en los crímenes de mujeres
y la impunidad que persiste hasta ahora.
Mientras todo se reduce a la entrega de una cantidad determinada de
dinero por cada mujer asesinada, el Congreso de la Unión Ha exigido
que el Estado mexicano asuma y reconozca su responsabilidad no sólo
histórica y política, sino jurídica en torno a este caso. Dicho de
otra manera, para la PGR los asesinados de mujeres en Ciudad Juárez se
traducen en pesos y centavos, mientras que para los y las
legisladoras, se trata no sólo de encontrar a los asesinos, sino
castigar –al nivel que sea- a quien desde una responsabilidad pública
no cumplió con su cometido para garantizar un principio elemental de
los derechos humanos: el derecho a la vida.
Así, para el Estado mexicano no es una discusión sólo conceptual, sino
tiene que ver con la forma en que enfrenta el problema, para evadir,
por ejemplo, la reparación del daño, debido a su ineficiencia para
resolver los crímenes por la vía de la localización y sentencia del o
los homicidas responsables de estos delitos.
Cambios en la Fiscalía Federal
La Dra. Mireille Roccatti asumió su cargo al frente de la Fiscalía
Especial para la atención de delitos relacionados con homicidios de
mujeres en Ciudad Juárez el pasado 30 de mayo sustituyendo en el cargo
a la abogada María López Urbina, quien había iniciado labores el 31 de
enero de 2004. López Urbina fue separada de su cargo de no muy buenas
maneras, un día antes de presentar su informe de labores, el que por
cierto ya nunca más se conoció, como tampoco se conocieron las
verdaderas causas de su remoción.
Roccatti afirmó que de acuerdo a sus investigaciones, el 70 por ciento
de los homicidios obedece a la violencia intrafamiliar y el 30 por
ciento restante es producto de la violencia social, especialmente
delitos patrimoniales, en contra de la salud e imprudenciales aunque
finalmente admite aquí algo que siempre había negado, que existe una
franja importante de asesinatos que corresponden a homicidios
seriales, como ella le denomina.
Todo esto lo dijo la Dra. Roccatti en su conferencia de prensa del 14
de septiembre de este año en Ciudad Juárez. Pero como sus cambios de
opinión fueron constantes, ese día se le olvidó lo que días antes, el
4 de septiembre le dijo tajante al periódico Reforma en una
entrevista, que una vez concluida la revisión de 339 asesinatos –cita
textual y como verán pues ese problema de las cifras sí que es un
tormento pues aparecen y desaparecen con gran facilidad, porque en su
informe final dijo que eran 340- se concluye que éstos no forman parte
del crimen organizado ni responden a crímenes cometidos por homicidas
seriales.
A Reforma le dijo que no había y en su informe final que sí había.
¿Qué pasó en esos 10 días?, ¿descubrió a los asesinos?, ¿por qué no
abundo sobre el tema?, ¿cuál es la verdad? La verdad tal vez sea una.
Roccatti renunció a su cargo para asumir la Secretaria del Medio
Ambiente en el Estado de México; y el mismo día de su renuncia se
conoció del artero asesinato de una maestra y su hija. Luego, el
sábado 17 de septiembre apareció otra víctima. ¿No dejaba pues la
fiscalía en un momento en que, en Ciudad Juárez, en relación a los
crímenes de mujeres todo esta resuelto? Lo cierto es que prefirió la
comodidad de sembrar arbolitos que llevar justicia a las madres de
esas mujeres que fueron asesinadas en Ciudad Juárez.
Informes y Diagnósticos y su escasa efectividad
A lo largo de estos años, son incontables los estudios y trabajos que
se han presentado, pero ninguno atina a encontrar ya no la solución al
problema, sino siquiera a dar pautas para poner fin a la impunidad que
actualmente prevalece en Ciudad Juárez en esta materia.
Por ejemplo, en el aspecto social, se cuenta con los informes de la
Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en
Ciudad Juárez que encabeza Guadalupe Morfín Otero, los de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional, de la ONU y
de otros organismos tanto nacionales como internacionales, pero no
existe pronunciamiento o documento alguno de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, ni en los regímenes panistas, ni en los priístas, lo
cual para muchos no deja de ser un síntoma del “complot del silencio”
en el estado de Chihuahua que intenta minimizar o invisibilizar los
crímenes contra mujeres.
En el aspecto jurídico, son innumerables los pronunciamientos que se
han hecho desde las más diversas tribunas, y paradójicamente, con muy
poco éxito. En ese sentido han operado con mayores resultados los
“tribunales populares de la opinión pública” que los tribunales
jurídicamente reconocidos por las leyes de nuestro país, porque es en
aquéllos donde por lo menos la ciudadanía condena a quienes considera
son responsables de que no se haga justicia.
Los asesinatos comenzaron desde 1993, o tal vez antes, pero fue hasta
el 15 de mayo de 1998 cuando se emitió la primera recomendación tanto
nacional como internacional emitida por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, entonces a cargo de Mireille Rocatti y hasta el
momento no se ha procedido en contra de los funcionarios acusados en
este informe.
De esta recomendación a la fecha se han sucedido una serie de informes
y recomendaciones de organismos como la ONU, Amnistía Internacional,
la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos y hasta la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, pero no han tenido mayores
impactos.
En síntesis, lo que los organismos nacionales e internacionales han
exigido va en cuatro direcciones:
1. Condenar e investigar los
crímenes y desapariciones contra mujeres.
2. Sancionar a los responsables con todas las garantías del debido
proceso.
3. Brindar reparación del daño y apoyo a las víctimas y a sus
familiares y,
4. Prevenir la violencia contra la mujer.
Pero ninguna se ha podido cumplir por diversas razones, ya sea por
legalismos jurídicos, presiones políticas y sociales o simplemente por
falta de voluntad política.
Así, el feminicidio se ha convertido en uno de los principales
problemas de seguridad pública en Ciudad Juárez. Desde 1993 hasta
principios de 2004 se reportaron más de 382 casos, caracterizados
porque las víctimas son mujeres muy jóvenes y bonitas, presumiblemente
asesinadas por hombres que ejercen violencia sexual antes y/o después
de asesinarlas.
Los crímenes contra mujeres, han pasado de ser un problema policiaco a
uno político-social, pero principalmente de derechos humanos, de
impunidad. Para atender este problema en materia de seguridad pública
en Juárez, es abundante la lista de dependencias que se encuentran
involucradas, pero ninguna a nivel municipal y todas ellas con escasos
resultados.
Por ejemplo, a nivel federal, se cuenta con una Comisión para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez
dependiente de la Secretaría de Gobernación, establecida en septiembre
de 2003 mediante un acuerdo de la Comisión Intersecretarial sobre
Políticas Públicas de Derechos Humanos. También se creó al Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios
de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua. Se tiene también una
fiscalía especial a cargo de la PGR.
Intervienen también, aunque en atención a otros aspectos derivados de
los asesinatos de mujeres, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y
las respectivas Comisiones tanto de la Cámara de Diputados, como la de
Senadores, asimismo se abrió en 2004 una casa de atención a víctimas
de la violencia en Ciudad Juárez, dependiente de la PGR.
A nivel estatal trabajan para resolver estos casos y sus secuelas, la
Fiscalía de Investigación de Homicidios, la Unidad Especializada en la
Investigación de Homicidios (se enfoca al crimen organizado y al
narcotráfico) y la Fiscalía Mixta (atiende los casos de móvil sexual).
Se cuenta con una comisión por parte de la Cámara de Diputados y un
Instituto Chihuahuense de la Mujer
Sin embargo, y a pesar de todas las instancias que trabajan para
encontrar y sancionar a los responsables de los asesinatos y
desapariciones, esto no se ha logrado y son muchos los familiares que
están en espera de la justicia y de que se informe sobre el paradero
de las mujeres que están desaparecidas.
Dentro de estos esquemas de combate contra la inseguridad pública y
evitar que sigan ocurriendo crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez,
recién se ha modificado el andamiaje jurídico, pero aún es prematuro
para poder evaluar sus resultados. En la procuraduría, ahora es el
Congreso quien designa a su titular, desapareció la Policía Judicial
del Estado y se creó la Agencia Estatal de Investigaciones, en su
función de policía ministerial.
Pese a todo este despliegue hasta el mes de noviembre de 2004, se
contabilizan 142 víctimas de feminicidio sexual y serial (Monárrez,
2001), aunque la cifra de mujeres asesinadas de cualquier forma en
Ciudad Juárez varía entre los 320 y 382 casos. Esto es, se trata de
crímenes continuos y seriados cometidos –y esta es una de las
múltiples líneas de investigación que se siguen- por las
organizaciones que se dedican al narcotráfico y el crimen organizado.
La manera similar en que se han encontrado los cadáveres de algunas
jóvenes, las torturas, las mutilaciones que presentaron las mismas y
las zonas en las que fueron arrojadas, señala que existe un patrón
sistemático en la forma en que son exterminadas y también nos habla de
posibles asesinos que actúan de una forma persistente y constante
cuando atacan y asesinan.
La mayoría de los asesinatos y las desapariciones de mujeres se han
llevado a cabo en el trayecto entre su trabajo, muchos de ellos en
maquiladoras, la escuela y su casa; a pesar de esto las empresas no
han hecho nada significativo para garantizar al menos el regreso
seguro de las trabajadoras a sus hogares, que por lo general están en
zonas marginadas con muy escasa infraestructura; tampoco las
autoridades las han obligado a brindar esa seguridad.
El complot del silencio
En cuanto a las autoridades de mayor nivel, tanto estatales como
nacionales, han tendido a negar la existencia del problema,
minimizarlo, declararlo superado o simplemente ignorarlo”.
En Juárez, las madres de las víctimas y las organizaciones no
gubernamentales como Nuestras Hijas de Regreso a Casa, nos exponemos a
la crítica, a la exclusión, a la amenaza. Nos volvemos extrañas en
nuestra propia tierra, porque el discurso dominante en la opinión
pública de Ciudad Juárez, es el de los grandes empresarios y sus
voceros agrupados en los organismos empresariales.
Y dadas estas circunstancias, las organizaciones que luchamos porque
se haga justicia en el caso de las mujeres asesinadas, nos vemos en
una minoría, somos aisladas y excluidas, justamente como lo afirma
Neumann.
En este sentido es que la ciudadanía oculta su apoyo a esta causa. No
quieren ser parte de esta minoría excluida. En Juárez, como en otras
sociedades, ser o pertenecer a las minorías, es ser condenado o
condenada al silencio, a no ser escuchados o escuchadas. Es pues, el
miedo al aislamiento, la fuerza que pone en marcha la espiral del
silencio. (Neumann, 1995: 23).
Y eso es justamente lo que ocurre en Juárez. Una opción para no ser
excluido, es el silencio. Y es que si lo público es lo que se puede
ver (Neumann, 1995), y sólo lo que se puede contar existe en una
sociedad (Castoriadis), entonces podemos entender la lucha de las
familias por hacer visible este problema entre la ciudadanía, y así
promover el apoyo necesario para lograr la justicia.
Así, el Estado mexicano ha fallado en proporcionar seguridad y
justicia, de tal manera que en el caso de las mujeres asesinadas en
Juárez se impone el ofrecer perdón a las familias por la tragedia
vivida y el desprestigio a ellas y sus hijas, madres o hermanas; la
población juarense y mexicana también tendríamos que desagraviarlas
con una disculpa pública, por permitir la construcción del silencio,
por negarles la solidaridad en medio de tanto dolor y desesperanza.
Los crímenes continúan y la impunidad persiste, ante ello, Nuestras
Hijas de Regreso a Casa busca tener un aporte social en su localidad
fronteriza y porque nunca vuelvan a asesinar jóvenes mujeres, y
actualmente, gracias a organizaciones solidarias como MamaCash en
Holanda, Grupo de Tecnología Alternativa, Frente Internacionalista
contra el Feminicidio y Neza Radio, de México, tenemos equipo y
antenas instalados para en cuanto la autoridad federal nos otorgue el
permiso, empezar a operar nuestra Radio Comunitaria: RadioFem,
rompiendo el silencio, cuyo objetivo en nuestra programación educativa
es provocar un cambio sociocultural y desarraigar el machismo que
afecta la integridad y la vida de muchas mujeres juarenses, además de
prevenir los secuestros y asesinatos y abrir espacios a las familias
de las víctimas, a fin de que la comunidad conozca su versión sobre
los hechos y las actuaciones de la autoridad y el gobierno frente a
sus demandas de justicia.
Además de las madres, hermanas, hermanos, hijas e hijos de mujeres
victimadas que luchan a través de Nuestras Hijas de Regreso a Casa,
participa igualmente un gran número de personas y organizaciones
solidarias con acciones diversas en favor de esta lucha que
sostenemos, y que con su voluntad hacen un soporte importante en los
trabajos de esta institución. Por lo que agradecemos su acompañamiento
en este proceso por erradicar la impunidad y la violencia hacia las
mujeres de nuestra comunidad y el mundo, y en favor de una sociedad y
un gobierno justo y democrático.
Frente a la lucha emprendida por Nuestras Hijas de Regreso a Casa,
otras familias no organizadas, las protestas de múltiples
organizaciones locales, nacionales e internacionales interesadas en la
solución de estos casos, más que una respuesta positiva por parte del
estado y la sociedad, han prevalecido los silencios, las omisiones,
los discursos dominantes y el entrelazamiento de las élites políticas
y económicas para minimizar este problema.
Ciudad Juárez, Chihuahua, México, octubre de 2005